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Ley N° 20.818, que entra hoy en vigencia, faculta a más de 1.000 servicios y órganos del Estado -entre ministerios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- a informar a la UAF, sin estar sujetos a sanciones. Delito tributario, estafas y asociación ilícita, entre otros, se suman al catálogo de delitos base o precedentes de lavado de activos.
"Se fijan nuevos estándares de transparencia para nuestra economía", dijo el ministro (s) de Hacienda, Alejandro Micco.
"Esta Ley acerca la legislación chilena a los más altos estándares internacionales sobre la materia", destacó el director de la UAF, Javier Cruz.