El Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), presidido por el Ministro de Hacienda e integrado además por el Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, el Superintendente de Pensiones y el Presidente del Banco Central de Chile, en su rol de asesor permanente de este Consejo, analizó en su última sesión, si la expansión de las actividades desarrolladas en torno a las denominadas criptomonedas representan riesgos relevantes para el sistema financiero chileno, y ha conformado un grupo de trabajo que continuará analizando este tema.
Si bien el Consejo descarta que estos activos en la actualidad representen una amenaza para la estabilidad financiera, advierte al público sobre los riesgos asociados a la adquisición, tenencia o inversión en este tipo de activos.
Las denominadas criptomonedas son representaciones digitales de valor y pretenden servir como dinero virtual. Los ejemplos más conocidos son Bitcoin y Ether, las que han sido utilizadas, entre otras cosas, como medio de pago para compras de bienes, servicios e instrumentos financieros.
Es de suma importancia informar a los inversionistas y al mercado en general que estos activos virtuales no son emitidos ni respaldados por bancos centrales u otras autoridades públicas y, en la mayoría de los casos, su valor deriva únicamente de la confianza de sus usuarios.
Asimismo, resulta importante mencionar que en Chile actualmente no existen regulaciones específicas para estos activos, ni para sus emisores o intermediadores. De esta manera, por el hecho de no contar con un emisor soberano que los respalde y asuma la responsabilidad de mantener su valor, el Banco Central ha establecido que éstas no pueden considerarse como “monedas” en el sentido legal y conceptual del término. Por su parte, la CMF ha establecido que, bajo el marco legal vigente, las denominadas criptomonedas tampoco pueden considerarse “valores”.
En vista de estas consideraciones, el CEF advierte que la compra de las denominadas criptomonedas u otros activos similares es una actividad de alto riesgo. Debido a su alta volatilidad, inversiones en estos activos pueden generar importantes ganancias en periodos cortos de tiempo, así como también, la pérdida de gran parte o incluso la totalidad de los montos involucrados. En particular, los compradores, sean personas naturales o jurídicas, se encuentran expuestos, entre otros, a los siguientes riesgos: fuertes fluctuaciones de precios, potenciales dificultades para vender o intercambiar por otros activos, ausencia de activos tradicionales como respaldo en la mayoría de los casos y, eventuales pérdidas por robo, fraudes o dificultades con respecto a la información disponible.
Adicionalmente, se advierte a los intermediadores, emisores y compradores que, a pesar de no existir actualmente una regulación específica para las denominadas criptomonedas, éstas deben cumplir con el marco legal y normativo que les sea supletoriamente aplicable, y se encuentran sujetas al cumplimiento del marco regulatorio general, el que incluye, entre otros, la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la normativa tributaria y, en tanto realicen operaciones de cambios internacionales, la legislación y normativa cambiaria del Banco Central de Chile. Así, éstas se exponen a sanciones legales y acciones judiciales en caso de incumplir la normativa referida, u otra que les fuere aplicable.
El Consejo resalta que este comunicado se encuentra referido únicamente a los riesgos asociados a la adquisición y tenencia de las denominadas criptomonedas y símiles. Sin perjuicio de lo anterior, existen diversos desarrollos tecnológicos en la industria financiera, como la aplicación de la tecnología blockchain y de registros distribuidos, que pueden contribuir a la eficiencia de los mercados y a incrementar la competencia.
El Consejo de Estabilidad Financiera continuará analizando y monitoreando los desarrollos en esta industria, así como también los potenciales impactos que pudieran tener sobre el sistema financiero local, sin descartar a priori ninguna opción regulatoria, de manera de facilitar la innovación tecnológica que beneficie al público, pero al mismo tiempo mitigar riesgos sobre el sistema financiero.