Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que propone una fórmula para concretar el inicio de la gratuidad en la educación superior ingresada a trámite legislativo en el día de ayer. Durante la jornada y fruto del debate realizado, el Ejecutivo ingresó indicaciones para mejorar la iniciativa, las que fueron abordadas esta mañana en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y aprobadas por ocho votos a favor y 5 abstenciones.
Junto al titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre y su par de Educación, Adriana Delpiano, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunció que las indicaciones ingresadas hoy se refieren fundamentalmente a modificaciones al sistema de becas para la educación superior técnica profesional y precisiones en relación a los requisitos de las universidades para acceder a la gratuidad.
Sobre el primer punto, el jefe de las finanzas públicas precisó que “es muy probable que varias de las universidades privadas que califican terminen por no adscribir (a la gratuidad) y, por lo tanto, en vez de esperar al segundo semestre para aumentar las becas, queremos proponer aumentarlas inmediatamente para un subconjunto de los alumnos de la beca Milenio II”. Añadió que este subconjunto incluye a quienes cursan estudios en Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) que tienen 4 años de acreditación. “Eso nos permite además ir pavimentando los eventuales avances hacia la gratuidad de ese grupo, porque van a ser los primeros en entrar”, acotó.
Valdés explicó que las indicaciones modifican la Beca Milenio para alumnos de los primeros cinco deciles de menores ingresos que estudien en CFT e IP. Esta beca, originalmente de $700 mil anuales, se eleva a $850 mil anuales para quienes cursen carreras en instituciones sin fines de lucro o que se comprometan a ajustar su naturaleza jurídica para constituirse como tal.
El ministro Valdés detalló que además se crea una nueva Beca Milenio de $900 mil anuales para un subconjunto de estudiantes que, cumpliendo los requisitos anteriores, estudien en CFT e IP que cuenten con cuatro o más años de acreditación. Este monto incrementado también regirá para las becas de los mejores alumnos de su promoción de estos planteles.
Además, el titular de Hacienda informó que se ajustará la definición de control de universidades, para despejar las dudas planteadas por algunos planteles. “No significa ningún otro beneficio, pero es algo que las entidades del G9 consideran que es algo que les gustaría quede en la ley. En nuestra opinión legal eso no es necesario hacer, pero (lo hicimos) por tranquilidad de algunas universidades”.
Valdés sostuvo que el mayor gasto fiscal originado por estos ajustes, estimados en $3.061.314 miles, se financiará con cargo a los recursos del Ministerio de Educación y, en lo que falte, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público.