Congreso despacha proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestructura y el que transparenta el mercado del suelo

Valparaíso, 2 de enero de 2018.- Una nutrida agenda legislativa tuvo hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, junto a la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos.

Al término de la jornada, la Cámara de Diputados aprobó por 80 votos a favor, cinco en contra y 14 abstenciones el proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado, denominada Fondo de Infraestructura, quedando en condiciones de ser promulgada como ley.

“Se trata de US$ 9 mil millones de inversión fresca si es que apalancáramos en una vez, pero puede ser incluso más, lo que significa en la práctica empleo directo a través de estas obras públicas y sobre todas las cosas, un incremento de productividad de las zonas rurales, de las zonas alejadas que a través de esta infraestructura se permite la comercialización de sus productos y embalses”, dijo el ministro Eyzaguirre.  

De acuerdo con el secretario de Estado, con estos recursos se inaugurarán futuras obras en el país. En la oportunidad recordó que “esta idea la impulsó el ex Presidente, Ricardo Lagos, y la Presidenta Bachelet con gran sentido de país la tomó y con vuestra ayuda hemos llegado a feliz término”. Añadió que es un tema de enorme importancia para la calidad de vida de los chilenos en los próximos 10 años. 

Esta sociedad anónima del Estado tendrá como objetivo la construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento e inversión en proyectos de infraestructura, incluidos servicios anexos a los mismos.

Asimismo, la sala de la Cámara Baja dio su respaldo por 94 votos a favor y cinco abstenciones al proyecto de ley que otorga mayor transparencia al mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones al límite urbano.

Bancos

Durante la sesión, el secretario de Estado también explicó la importancia del proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria, quedando para mañana su votación. Junto con fortalecer la institucionalidad del regulador bancario, la iniciativa adapta la legislación a los estándares de Basilea III y define nuevas herramientas de regularización temprana, junto a otras modificaciones como el aumento de la garantía estatal sobre depósitos a plazo.

En su presentación ante los parlamentarios, el jefe de las finanzas públicas contextualizó los distintos episodios que ha debido enfrentar el sistema financiero en las últimas décadas. Recordó que, pese a que en las últimas coyunturas más complejas como la Gran Recesión de 2008 y 2009 junto a la reciente caída en el precio de las materias primas, el sistema financiero no se ha estresado. No obstante, advirtió que “así como no hay mal que dure 100 años, no hay reforma que dure 100 años y claramente nuestra legislación bancaria se ha quedado muy atrasada, porque en la práctica ha sido la legislación de 1986, indicada y corregida en el margen en el año 97 y otros años, lo que hoy todavía nos rige”.

Agregó que “hoy nuestro sistema financiero se rige por el convenio de Basilea I y ya el mundo adoptó Basilea II y III. O sea, estamos 20 años atrasados en materia de nuestra legislación bancaria”.

A su juicio, hoy “estamos en medio de una recuperación mundial que tiene algunos pies de barro”, aludiendo al impacto que puede tener la rebaja de impuestos en Estados Unidos, que podría llevar a un sobrecalentamiento. “A mí no me sorprendería, y queda en la historia fidedigna de la ley, que nosotros tengamos en el futuro no inmediato, pero más temprano que tarde, otro reventón internacional en materia de tasas de interés” alertó.

De esta manera, Eyzaguirre explicó que “si suben las tasas de interés internacionales, nuestro sistema financiero se va a ver brutalmente estresado y no seremos ninguno de los que estamos acá los que vamos a pagar los costos si es que no comenzamos a prevenir de inmediato, sino que serán los sectores más vulnerables, los trabajadores, los pequeños empresarios”.

Por ello, la autoridad aseguró que esta es una ley “de importancia nacional, republicana, hecha por la Presidenta Bachelet cuando no tenía ninguna necesidad inmediata de hacerla, pero porque realmente mostramos que tenemos un compromiso con el crecimiento de mediano plazo”.

En esa línea, Eyzaguirre señaló: “yo los invito a aprobar con entusiasmo una ley que junto con el fondo de infraestructura, y el mercado de suelos, realmente muestra nuestra vocación muchas veces no alardeada, pero clara de este gobierno por sentar las bases de un crecimiento sostenible y sólido”.

Distribución rezagos AFP

Más temprano, el ministro Eyzaguirre participó en la discusión del proyecto de ley que distribuye rezagos del sistema de capitalización individual en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en Santiago.

Este proyecto busca distribuir US$ 240 millones que se han acumulado en el tiempo en el sistema de AFP y que no han sido reclamados. La idea es que quienes tengan pensiones más bajas pudieran recibir este beneficio por una vez.

Respecto a su aprobación durante la presente legislatura, el titular de la cartera precisó que “eso va a depender también de lo que pase en el Senado, pero la voluntad que yo vi acá es que la próxima semana se reciben los invitados, se vota si vamos a Sala pronto y después hacemos un fácil despacho en el Senado, pudiera ser Ley”.

Principales contenidos Fondo de Infraestructura

• El presente proyecto de ley crea una Sociedad Anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura. Su objeto será la construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento e inversión en proyectos de infraestructura, incluidos servicios anexos a los mismos.

• Esta sociedad anónima contemplará una participación del 99% del capital social del  Fisco y una participación de 1% de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Las acciones de esta sociedad serán inajenables.

• El capital inicial del Fondo será suscrito y pagado por el Fisco y la CORFO. En el caso del Fisco, el capital se aportará con bienes fiscales y nacionales de uso público bajo fórmulas jurídicas que permitan radicar su administración en el Fondo. Este capital se irá constituyendo en el tiempo conforme se hagan los traspasos correspondientes y su valor final dependerá del conjunto de bienes que se traspase.

• El Fisco será representado en la junta de accionistas por los Ministros de Hacienda y Obras Públicas.

• Para asegurar por la coherencia de las decisiones de inversión del Fondo con la política de Estado en materia de infraestructura, esta empresa deberá someter a aprobación por parte de la junta de accionistas un plan de negocios quinquenal. Este plan contendrá un detalle de los proyectos de inversión que llevará a cabo y financiará el Fondo y establecerá el mecanismo mediante el cual serán concesionados.

• El Fondo tendrá un gobierno corporativo independiente que velará por la solvencia de la empresa. En su diseño, se han considerado las principales recomendaciones de instituciones internacionales tales como la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en relación al fortalecimiento de la gobernanza en la inversión en infraestructura. De este modo, en su funcionamiento el Fondo compatibiliza el principio de responsabilidad fiscal y de adecuada gobernanza en el desarrollo de infraestructura. También respeta los principios de igualdad ante la ley y de neutralidad competitiva.

• La administración del Fondo la ejercerá un Directorio que estará compuesto por cinco miembros, que durarán cuatro años en sus cargos y que podrán ser designados por nuevos periodos. El Directorio se renovará por parcialidades.

• En cuanto a la integración del Directorio, los directores serán nombrados por el Presidente de la República: dos de ellos a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y los tres restantes a partir de ternas propuestas para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública. No podrán ser propuestos ministros, subsecretarios, jefes de servicio, parlamentarios; dirigentes políticos, sindicales o gremiales; alcaldes ni candidatos a cargos de elección popular, entre otros.

• Los tres directores seleccionados por el sistema ADP tendrán la calidad de independientes, entendiendo por tales a aquellos que no mantengan vínculos con el Fondo o las empresas involucradas de modo de evitar un potencial conflicto de interés. Todo ello con miras a garantizar que la administración esté sujeta a un nivel de independencia en la toma de sus decisiones compatible con el estándar que se les exige a las sociedades anónimas abiertas.

• El Fondo de Infraestructura se regirá por las normas de las sociedades anónimas abiertas, y quedará sometido a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Contraloría General de la República. En consecuencia, el Fondo deberá ser una empresa solvente y con rentabilidad privada positiva.

• El Fondo de Infraestructura, en el contexto de un adecuado marco de responsabilidad fiscal, busca fomentar y expandir para múltiples usos la inversión en infraestructura en Chile, contribuyendo a cerrar las brechas existentes en la materia. Esto favorecerá el mejoramiento de la productividad y la conectividad, disminuirá la segregación y, en definitiva, mejorará la calidad de vida de las chilenas y chilenos.