Santiago, 14 de septiembre de 2016.- Los ministerios de Hacienda y Obras Públicas, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizaron este martes el taller "Fondo de Infraestructura en Chile y experiencia internacional". La actividad se centró en explorar la experiencia internacional con fondos de infraestructura y su posible aplicación en Chile. Ello luego que en años recientes, países que alcanzaron cierto grado de madurez en sus sistemas de concesiones desarrollaron modelos de negocios innovadores para administrar este tipo de activos. Esto ya que las lecciones aprendidas en Canadá, Nueva Zelanda, Europa, Colombia, entre otros, pueden aportar elementos claves a la iniciativa del Gobierno de Chile.
En la instancia participó un conjunto de expertos internacionales y nacionales, entre ellos el coordinador de macroeconomía del Ministerio de Hacienda, Claudio Soto; el jefe de asesores del Ministerio de Obras Públicas, Enrique Álvarez; el gerente del sector de Infraestructura y Energía del BID, Pablo Pereira dos Santos; el jefe de la división de finanzas públicas de la Dirección de Presupuestos, José Pablo Gómez; y el vicepresidente del Consejo Fiscal Asesor, Hermann González
Durante el taller se pusieron en común las lecciones aprendidas en Canadá –David Morley, vicepresidente de la Ontario Infrastructure & Land Corporation (OILC) –, Nueva Zelanda –Maurice McTigue, ex ministro de Empresas Estatales– Colombia –Clemente del Valle, Presidente & CEO de Financiera Desarrollo Nacional (FDN)– y Europa –Maria Shaw-Barragan, directora de socios globales del Banco Europeo de Inversión (EIB), tomando como eje temas como los desafíos que implica su gobierno corporativo, la contabilización fiscal y valuación de activos, las garantías e instrumentos financieros para cubrir riesgos en infraestructura, entre otros.
También se pasó revista al proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestructura en Chile, presentado en mayo de este año y que busca fomentar y expandir la inversión en infraestructura en Chile, contribuyendo a mejorar la productividad, la conectividad y a disminuir la segregación. Para ello se crea una sociedad anónima que debe cumplir todas las exigencias legales para este tipo de empresas, además de ser financieramente rentable. El capital de esta nueva empresa pública se irá constituyendo en el tiempo, en la medida que se le vayan traspasando las concesiones.