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Martes, mayo 16 de 2017

Ministerios de Hacienda y de Educación se refieren al Aporte Fiscal Indirecto y a la demanda presentada por la Pontificia Universidad Católica de Chile

El Ejecutivo ratifica su compromiso con la calidad de la educación superior.

El Ejecutivo ratifica su compromiso con la calidad de la educación superior.

Santiago, 16 de mayo de 2017. En enero del presente año la Pontificia Universidad Católica de Chile demandó al Estado de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, por la no incorporación en la Ley de Presupuestos del año 2017 de los fondos para el otorgamiento del aporte fiscal indirecto (AFI).

Con ocasión de dicha demanda, se inició una serie de conversaciones entre los Ministerios de Educación y de Hacienda, por un lado, y la referida Casa de Estudios por otro. Ellas han confluido en el compromiso del Ejecutivo de remitir, durante junio del presente año, al H. Congreso Nacional, un proyecto de ley que considere -dentro del marco de restricción presupuestaria existente-, una cantidad acotada de recursos para que las universidades puedan recibir, conforme a las normas del D.F.L. N°4, de 1981, un aporte fiscal indirecto.

Asimismo, se ha tomado la decisión de eliminar el AFI como mecanismo de financiamiento a la educación superior, iniciativa que era hasta ahora parte del proyecto de ley de la reforma de educación superior, en discusión en el parlamento. El AFI fue creado en el año 1981 para aumentar la calidad de la educación superior a través de la competencia entre las instituciones para captar a los mejores alumnos. Con el paso del tiempo se ha constatado que, al descansar totalmente en el puntaje obtenido por los alumnos en la Prueba de Selección Universitaria, tiene un carácter regresivo. Además, actualmente existen otros mecanismos de financiamiento basal del sistema de educación superior que cumplen de mejor manera con este objetivo.

El Ejecutivo ratifica su compromiso con la calidad de la educación superior y reconoce en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y más en general en el conjunto de instituciones de educación superior que conforman el Consejo de Rectores, su aporte a la docencia de alta calidad, la investigación científica y al desarrollo de las artes y humanidades. Este aporte requiere apoyo financiero, el que se seguirá otorgando sobre la base de criterios generales que garanticen de manera efectiva la promoción de la calidad y eficiencia del sistema de educación superior. En particular, creemos que es importante, a partir del próximo Presupuesto de la nación, evitar restricciones que puedan afectar la distribución de recursos del Convenio por Desempeño hacia universidades específicas.