Con el objetivo de dotar a las empresas públicas de un marco regulatorio que permita una gestión más eficiente, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció esta mañana un proyecto de ley tendiente a fortalecer la institucionalidad del Sistema de Empresas Públicas y mejorar el gobierno corporativo de estas compañías.
En el marco del seminario Gobierno Corporativo en Empresas del Estado, organizado por el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, el secretario de Estado sostuvo que la iniciativa se enviará al Congreso en las próximas semanas, con el fin de institucionalizar el actual Consejo de Empresas Públicas, para que esto sea establecido por Ley y perfeccionar los estándares de gobierno corporativo que deberán cumplir de manera que se “homogenice la forma como tratamos a estas compañías y que las someta en lo fundamental, a los mismos requisitos de las sociedades anónimas abiertas, tanto respecto de los directores de empresas públicas, como de los requerimientos de información a que son sometidas”.
El titular de Hacienda aclaró que la iniciativa no se hará extensiva a aquellas empresas cuyo gobierno corporativo ya está regulado en leyes especiales (TVN, Codelco, Banco Estado) y a aquellas firmas de carácter estratégico (ENAP, ENAMI, Empresas de Defensa).
La estructura del proyecto considera dos partes: la primera está dirigida a la institucionalidad del Sistema de Empresas Públicas y la segunda, a mejorar los gobiernos corporativos de estas compañías.
Respecto al Consejo, Larraín anunció la creación de un servicio público a partir del Comité del SEP, encabezado por un Consejo Superior de Empresas Públicas. Tal instancia, estará integrada por nueve miembros, con consejeros nombrados por autoridades de Gobierno y consejeros independientes, seleccionados en base a sus competencias, a fin de lograr un adecuado pluralismo, transversalidad e idoneidad técnica, con la siguiente composición:
- 5 designados por el Presidente de la República, por períodos de 2 años renovables.
-4 designados por el Presidente de la Republica, con aprobación del Senado (quórum de 3/5), por períodos de 4 años.
- Un Presidente del Consejo será elegido por el Presidente de la República y que tendrá voto dirimente.
Entre las características del Consejo, el jefe de las finanzas públicas detalló que todos los integrantes deberán ser profesionales de alto nivel, sujetos a un catálogo de deberes, responsabilidades y prohibiciones. Entre las principales funciones, se establece la gestión de las empresas públicas sujetas a una supervisión que debe ser eficiente y eficaz, de acuerdo a sus objetivos legales y estatutarios. Asimismo, las compañías, tanto a nivel individual como conjunto, deben optimizar su gestión, minimizar sus costos, maximizar sus rentabilidades y cumplir cabalmente sus fines públicos.
En cuanto a gobiernos corporativos, se ordena el régimen aplicable a las empresas públicas creadas por ley. Asimismo, se uniforman para todas las firmas, el mecanismo de designación de directores a través del Consejo SEP, junto con los requisitos de director de empresas públicas. Entre otras materias, también se establecen incompatibilidades e inhabilidades a que se sujetarán los directores.
Además, las empresas públicas se someterán a las mismas normas de información financiera, económica y legal, que hoy rigen a las sociedades anónimas abiertas y deberán inscribirse en el Registro Especial de Entidades Informantes que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros.
En síntesis, los cambios legales que se proponen en el proyecto de ley representan un gran paso en la modernización del Estado, al establecer un marco regulatorio permanente que permitirá una mejor gestión de las empresas públicas y una mejor asignación de las responsabilidades, institucionalizando con rango de ley al Consejo SEP, sus funciones, deberes y responsabilidades e introduciendo avances relevantes en materia de transparencia gestión y control presupuestario de las empresas públicas, de conformidad a los estándares internacionales y recomendaciones de la OCDE.
Capitalización de Codelco
Consultado por la reciente decisión del Gobierno, de capitalizar Codelco con US$ 1.000 millones de las utilidades retenidas tras la venta de la participación de la firma estatal en Anglo Sur a Anglo American en 2012, Felipe Larraín descartó un impacto fiscal por esta vía y reiteró que entre los años 2011, 2012 y 2013, se capitalizó a la firma con casi US$ 2.200 millones. “Esta es la mayor capitalización que ha hecho gobierno alguno respecto de la empresa estatal”, dijo.
Respecto a la decisión de Codelco de revisar sus planes de inversión, el titular de Hacienda dijo que la firma “no sólo tiene el derecho, tiene el deber de estar revisando sus inversiones de acuerdo a las nuevas condiciones de su estructura de costos, de las condiciones de mercado y de precio, así que me parece muy saludable que revise sus inversiones”.