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Lunes, febrero 20 de 2012

Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destaca entrada en vigencia de ley sobre finalidad de datos personales

ARCHIVO: Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

ARCHIVO: Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

  • El secretario de Estado sostuvo que la normativa “garantiza que la información financiera de las personas no se utilice para otros fines”.

Como una “muy buena noticia” calificó el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, la nueva ley que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.  La normativa, conocida como “Ley Dicom”, establece que la información financiera, bancaria o comercial de las personas solo podrá ser requerida por el comercio establecido o entidades financieras para la evaluación de riesgo comercial y el proceso de otorgamiento de un crédito. En ningún caso esta información podrá ser requerida en procesos de selección de personal, admisión en educación escolar y superior, atenciones médicas de urgencia o para la postulación a un cargo público.

Adicionalmente, la ley señala que los responsables de los registros o bancos de datos personales que traten información de carácter económico, financiero, bancario o comercial, no podrán comunicar los datos relativos a las deudas cuando se hayan hecho exigibles antes del 31 de diciembre de 2011, y se encuentren impagas, siempre que el monto sea inferior a $2.500.000, excluyendo intereses o reajustes.

Tras participar del acto de entrada en vigencia de la nueva normativa, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda, el jefe de las finanzas públicas señaló que la ley “establece un uso adecuado de los datos personales de los chilenos, otorgándoles además una oportunidad de comenzar de nuevo a alrededor de 3 millones de personas con deudas inferiores a $ 2,5 millones hasta 2011”.

El secretario de Estado sostuvo que la “Ley Dicom” está en línea con dos proyectos de ley impulsados por el Ministerio de Hacienda y que actualmente se encuentran en el Parlamento: el que regula el tratamiento de la información de obligaciones de carácter financiero o crediticio -hoy en la Cámara de Diputados-, y que crea un registro consolidado de información financiera de las personas, donde se establece que son ellas las propietarias de su información; y el de protección a deudores de créditos en dinero, que modifica la Tasa Máxima Convencional –hoy en el Senado-, cuyo objetivo es reducir la tasa de interés para los deudores en el tramo de 0 a 200 UF.