Ministro de Hacienda pide que avance en gratuidad se asocie a mayores recursos fiscales, para poder garantizar calidad

Valparaíso, 12 de julio de 2016.- El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, destacó hoy que el esfuerzo que el gobierno está haciendo en Educación “es por lejos la mayor reforma que se ha hecho en Chile, yo creo en la historia, respecto de educación y me atrevería decir casi respecto de cualquier otra materia”. Agregó que a nivel mundial, posiblemente sólo las reformas de pensiones “son de este tamaño”. 

Al intervenir en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (ver presentación), la autoridad económica informó que sin considerar los aportes basales, la gratuidad universal en educación superior en régimen “cuesta el equivalente de 1,6% del PIB  (aproximadamente US$ 3.600 millones)” y a ello se suman recursos ya comprometidos en educación parvularia y escolar, equivalentes a 1,9% del PIB. Recordó que la Reforma Tributaria se aprobó con el objetivo de recaudar 3 puntos del PIB, de los cuales entre 1,5 y 2 puntos del PIB se destinarían a educación. Pero detalló que debido a la baja relevante del precio del cobre de largo plazo, implica dejar de percibir el equivalente de 1% del PIB en ingresos fiscales, y otro punto adicional debido a menor recaudación por el bajo crecimiento potencial. 

“Enfrentamos un escenario de menores recursos de lo que se pensaba en 2013. Esa es una realidad compleja. Y hemos gastado ya bastante más de lo proyectado en las reformas educacionales que hemos hecho”, comentó Valdés. Agregó que un país serio “cuadra gastos e ingresos, no podemos vivir más allá de las posibilidades que tenemos”. 

Adicionalmente, el ministro dijo que debido a que en Chile las familias aportan a la educación más que en otros países, y las reformas apuntan a reducir o incluso eliminar eso, se debe cautelar que los avances en sustitución de recursos tengan “un timing muy cuidadoso, porque si sólo hacemos eso, no vamos a tener más recursos en educación”. Esto, dijo, ya que el riesgo es “terminar haciendo una gran reforma que sustituya plata que hoy día ponen las familias por plata que va a poner el Estado, pero que no tenga un impacto real en calidad”.

 El jefe de las finanzas públicas detalló que, tal como señala el informe financiero del proyecto de ley, a 2018 la gratuidad en educación superior llegará al sexto decil y en adelante la incorporación de nuevos deciles está indexados al aumento en los ingresos estructurales del Fisco, bajo el supuesto que los costos del sistema están indexados a los salarios y los salarios indexados al crecimiento. “Estos gatillos se van separando en el tiempo bajo la lógica de que cada cohorte es un poco más cara y también bajo la lógica que estos recursos compiten con otras necesidades”, afirmó. Consultado sobre cómo traducir esto en años, Valdés estimó que es “un ejercicio inconducente ponerle tiempo a esto”. Sostuvo que los cálculos señalan que potencialmente un millón 250 mil alumnos podrían beneficiarse a futuro de la gratuidad universal en universidades, CFT e IP, lo que implicaría un mayor gasto fiscal de $ 2.300 billones incluyendo financiamiento institucional, becas y fondo para investigación y creación.

“El proceso va a depender de los recursos que tengamos. Y los recursos que tengamos van a depender del avance del país en crecimiento, en poder allegar recursos al Estado”, reiteró, señalando que es necesario “compatibilizar avanzar rápido en gratuidad con tener otros fondos para la educación superior, porque si no es pura sustitución, pura brecha, cero calidad. De ahí la importancia de hacer un proceso coordinado de las dos cosas, y por eso se ata a la capacidad del Estado también de inyectar dinero”.

El ministro dijo entender “muy bien esta tensión de ir más rápido que algunos les gustaría en esto”. No obstante, agregó que en “el programa de gobierno hablaba de 70% y hablaba después de algunos años más tener gratuidad total. Hemos gastado más, los ingresos son menores, pero es importante poner en perspectiva que lo que gastamos nosotros hoy día para nuestra carga tributaria o nuestros ingresos estructurales, es casi 20% en educación superior”. En este sentido, dijo que “estamos destinando muchísimo, entonces ir más rápido sin tener más recursos implica al final del día comprimir otros gastos de una manera que puede ser ineficiente o políticamente imposible, cualquiera de las dos cosas lleva a pensar que esto tiene que ser un tema de gradualidad atado a esta capacidad de ingresos que tiene el fisco”.

Sobre el fortalecimiento de las universales estatales, el titular de Hacienda dijo que el sistema de educación superior es mixto y  no se planteó reconfigurarlo. Añadió que el proyecto propone un fondo para entidades estatales que será “discutido y llenado presupuesto a presupuesto”, pero que además estas entidades podrán acudir al fondo general (para el desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística) que será incrementado anualmente en un monto equivalente al doble de lo que haya disminuido el Aporte Fiscal Directo en el mismo año. “En la medida que las estatales sean buenas, van a poder crecer más rápido en este proyecto y yo esperaría que lo hicieran. Incluso más, yo creo que las estatales pueden tener un rol. (…) Ahí hay una oportunidad para que el mundo estatal crezca no orgánicamente, sino que con absorciones de manera relevante”, enfatizó.

Finalmente, en cuanto al Crédito con Aval del Estado (CAE),  Valdés propuso realizar una sesión especial sobre ese tema, idea que fue acogida por los diputados. Junto con afirmar que “vale la pena” discutir seriamente el rol de la banca en ese instrumento, enfatizó que en la fase de transición “es necesario mantener un sistema de crédito para los que no llegan a gratuidad. Y si hubiese universidades, CFT o IP que no adscriben a gratuidad, también requieren cierta ayuda”.