Ministro de Hacienda valora avance en gratuidad en educación superior y otros beneficios “que a la gente le importan” con aprobación del Presupuesto 2017

Valparaíso, 29 de noviembre de 2016.- El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, destacó que el despacho del Presupuesto 2017 del Congreso refleja la instrucción de la Presidenta Bachelet de “tener un foco ciudadano y eso significa que lo que hagamos les sirva a las familias”, aludiendo a avances que contiene el erario en materia de educación y salud, una serie de beneficios “que a la gente le importan” como el reajuste  a las pensiones básicas solidarias y fondos para Sename, además del acuerdo que permite “lo que no ocurrió el año pasado, que es tener a alumnos vulnerables de centros de formación técnica e institutos profesionales en gratuidad”.

Valdés comentó que para el gobierno este avance en gratuidad es prioritario y que el acuerdo que lo permite es bueno para la gente y contempla “pasos sustanciales” que constituyen “un buen augurio” para los debates en curso en materia de educación. “Hemos defendido las cuestiones principales doctrinarias que tenemos como pacto: que el lucro no se mezcla con gratuidad, que las universidades estatales pueden y deben tener un trato preferente. Ambas cosas las hemos mantenido”, enfatizó. 

Detalló que en materia de regulaciones para educación superior aún quedan pasos que dar, como el lucro, que se concretarán en el debate del proyecto de ley respectivo y no en el presupuesto. “Las universidades no pueden tener lucro en Chile, pero las transacciones con partes relacionadas de una universidad sin fines de lucro con otra entidad no están hoy completamente bien reguladas. Esa va a ser la oportunidad para regularla bien y es parte del trabajo que hay que hacer”, afirmó.

El proyecto de ley de Presupuestos 2017 quedó esta tarde en condiciones de ser promulgado como ley tras la aprobación por amplia mayoría del informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados y el Senado. El informe se pronunció sobre un conjunto de materias donde se produjeron controversias entre ambas corporaciones, proponiendo reponer los recursos para la Contraloría General de la República y Conicyt, corregir situaciones de no pago del bono de manipuladoras de alimentos con fuero maternal o sindical, definir condiciones salariales para funcionarios públicos que cambien de calidad jurídica (ver abajo), reponer recursos para Educación de Adultos y Reinserción Escolar, una serie de medidas en materia de gratuidad y ayudas estudiantiles para alumnos de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales; además de un programa de fortalecimiento de universidades estatales.

Con un crecimiento del gasto público de 2,7%, el Presupuesto se enfoca en prioridades ciudadanas como Educación, cuyos recursos crecen 6,2%; Salud, que avanza 4,8% y un esfuerzo especial por reajustar las pensiones solidarias en 10%, a un costo de $ 125 mil millones cada año. También se incluyen recursos para fortalecer la seguridad mediante el aumento de dotación de Carabineros y Policía de Investigaciones; y para mantener el dinamismo de la inversión pública que impulsa la actividad y el empleo, que permanece en torno a 4% del PIB. Asimismo, se destinaron recursos para prioridades especiales, como la expansión de 6,3% para el Servicio Nacional de Menores, el aumento de 22% asignado a proyecto de agua potable rural y  recursos para apoyar con asesorías técnicas a 130.000 pequeños agricultores, entre otros.

Medidas pro transparencia y austeridad

Con el objetivo de promover la austeridad y transparencia en la administración financiera del Estado, en la Ley de Presupuestos 2017 el Ejecutivo incorporó una serie de modificaciones en el articulado de dicha norma, cambios que contaron con el respaldo del Congreso Nacional. “Hemos hecho esfuerzos muy importantes para reasignar y usar la plata bien”, dijo el ministro Valdés.

Entre los cambios se puede destacar:

• Limitación de los gastos en publicidad. Se estableció reemplazar el inciso final del artículo 21 (que pasa a ahora a ser artículo 22) y que aborda los gastos en materias de publicidad de los Ministerios y otros organismos que aprueban presupuesto. Cabe señalar que dichos gastos aumentaron desde $45.775 millones en 2010 a $63.992 millones en 2013 en moneda de 2017, mientras que en 2014 y 2015 este gasto se redujo a $43.873 millones y $47.635 millones, respectivamente. Dados ambos escenarios, se decidió que el límite para el gasto en publicidad corresponderá a la cifra más alta entre 2014 y 2015, con impedimento legal de aumentar el monto fijado para cada Ministerio. Adicionalmente, sólo se podrán editar memorias y otras publicaciones por medios electrónicos, salvo que sea estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del servicio, y no podrán incurrir en gastos para la elaboración de artículos de promoción institucional.

• Limitación de viajes, número de integrantes en las comitivas y regulación respecto de la compra de pasajes. Se incorpora un nuevo artículo 23, respecto de las comisiones de servicio en el país y en el extranjero. De acuerdo a ello, este tipo de actividades deberán reducirse a las que sean imprescindibles para el cumplimiento de las tareas institucionales, especialmente aquellas en el extranjero. Junto con ello, salvo motivos justificados, los pasajes deberán ser comprados a lo menos con 10 días hábiles de anticipación. Adicionalmente, sólo la Presidenta de la República y los Ministros de Estado en comisiones de servicio en el extranjero podrán estar acompañados de comitivas, que, en el caso de los ministros, estarán compuestas por un máximo de dos acompañantes. Esto, a excepción del Ministro de Relaciones Exteriores, a quien podrán acompañar un máximo de tres personas.

• Resguardo de la sustentabilidad fiscal en el proceso de traspaso de funcionarios de honorarios a contrata. En el nuevo artículo 24 se contempla la fase siguiente en el proceso de traspaso de personal de honorarios a la contrata, en la que junto con ratificar el compromiso de la Presidenta de la República de entregar una mayor estabilidad a los trabajadores del sector público, se establece para 2017 un número máximo de 8.000 personas que podrán modificar su calidad jurídica de honorarios a contrata. En ese marco y para no presionar las arcas fiscales, se establece que los funcionarios que cambien de calidad jurídica, mantendrán sus remuneraciones brutas.

• Mayor control en el aumento de la dotación de funcionarios sin respaldo presupuestario. Para ello, se incorporó un artículo 5, que tiene como objetivo establecer un mecanismo de control adecuado para evitar el aumento en la dotación de los servicios públicos sin respaldo presupuestario permanente, al utilizar la facultad establecida en el Estatuto Administrativo para contratar personal titular en la planta en un grado superior en la calidad de contrata.