Ministro Valdés destacó estricta gobernanza de proyecto que crea Fondo de Infraestructura a través de una empresa pública

Santiago, martes 3 de mayo de 2016.- El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que el proyecto de Ley que crea el Fondo de Infraestructura, a través de una empresa pública, cuenta “con una gobernanza muy estricta para poder usar de mejor manera las concesiones”. El secretario de Estado se refirió al tema tras participar en la ceremonia de firma de la iniciativa, que encabezó la Presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda y que contó con la  presencia de los titulares de Economía, Luis Felipe Céspedes y de Obras Públicas, Alberto Undurraga. 

Tras la actividad, el jefe de las finanzas púbicas destacó que el proyecto -que debe ser debatido ahora por el Congreso- busca fomentar y expandir para múltiples usos la inversión en infraestructura en Chile, contribuyendo a cerrar las brechas existentes en la materia. Para ello, dicha iniciativa legal crea una sociedad anónima del Estado cuyo objetivo será la construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento e inversión en proyectos de infraestructura, incluidos servicios anexos a los mismos.

El titular de Hacienda aseguró que “este es un paso institucional muy importante en que tenemos que cautelar varios bienes al mismo tiempo”. En este sentido, precisó que “un bien crucial es nuestra disciplina fiscal. Este no es un tema de hacer operaciones cuasi fiscales que no se anoten, muy por el contrario, hemos hecho un proyecto de ley que propone una gobernanza y estructura que nos garantiza que esta empresa va a ser bien manejada, es sostenible en el tiempo y que va a tener utilidades, pero al mismo tiempo es una empresa que tiene que estar ensamblada, ser coherente con los objetivos estratégicos del Estado respecto de qué infraestructura se hace”.

Añadió que por ello este Fondo tiene toda una estructura de gobernanza en que los ministros de Obras Pública y Hacienda son parte de la Junta de Accionistas, junto con un Directorio que asegura el logro de dichos objetivos. 

A modo de ejemplo, la autoridad fiscal sostuvo que esta compañía tiene una similitud con BancoEstado, en el sentido de que “es una empresa pública que al final se autosustenta, no recibe subsidio. Esta empresa va a tener ese mismo cariz, no es una firma que tenga por finalidad ganar utilidades per se, pero sí tiene que ser rentable”.

Además, Valdés explicó que la firma no es para que se haga la política fiscal a través de ella. “La política fiscal se hace a través del MOP, se subsidia a través del MOP, eso se anota en el presupuesto de cada año que el Congreso aprueba. Esta empresa tiene que tener utilidades todos los años, tiene que hacer proyectos que sean rentables. ¿De qué nos sirve? Para movilizar recursos, recursos que van a estar en el futuro, traerlos hoy y poder tener más recursos destinados a esto”.

Valdés insistió en que se trata de “otro actor que va a permitir al final del día más financiamiento para nuevas ideas que haya desde el sector privado y desde el sector público en infraestructura, con un diseño muy específico que nos permite estar seguros que no pone en peligro en ningún caso la sostenibilidad fiscal y las cuentas públicas de Chile”.

El ministro expresó que se trata de una sociedad anónima en que los directores tienen como objetivo tener rentabilidad, no es una empresa pública como tenemos hoy, que tiene un mandato de dar un servicio y que por su construcción como muchas empresas en el mundo, sufren pérdidas porque los ingresos no alcanzan a cubrir todo”. A modo de ejemplo, puso el caso de Metro, “que puede tener ingresos para financiar operación, pero no el capital que requiere y el Estado tiene que poner ese capital, no es el caso de otras empresas. Codelco en cambio, es una empresa que tiene utilidades, que está hecha en su concepción para no tener pérdidas, al revés, para usar los recursos que tiene. Esta empresa va a ser de ese tipo, que va a hacer negocios con el Estado a través de la infraestructura”.

En otro ámbito, la autoridad fue consultada por  la iniciativa legal que concretar parte de las 22 medidas propuestas a fines de marzo para potenciar la productividad. “Estamos trabajando, esperamos enviarlo pronto, (…) espero que en las próximas semanas”, sostuvo. Precisó que no se incorporarán en este proyecto todas las medidas que requieren iniciativa legal ya que algunas exigen “un proyecto complejo en sí mismo”.

En cuanto a si la agenda económica se ve postergada con el fallo del Tribunal Constitucional por la  Reforma Laboral, Valdés dijo que eso “nos quita tiempo sin duda, nos quita energías, nos va a provocar discusiones como lo han provocado esta semana, pero podemos hacer más de una cosa a la vez” y enfatizó la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan a la productividad y al crecimiento. “Esta idea de fondo de infraestructura nos va hacer más productivos. Si hay más infraestructura en Chile al final del día vamos ahorrar tiempo, vamos a ahorrar costos, todo ayuda al crecimiento y a que tengamos un mejor país”, concluyó.

Principales contenidos del proyecto de ley

• El presente proyecto de ley crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura. Su objeto será la construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento e inversión en proyectos de infraestructura, incluidos servicios anexos a los mismos.

• Esta sociedad anónima contemplará una participación del 99% del capital social del  Fisco y una participación de 1% de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Las acciones de esta sociedad serán inajenables.

• El capital inicial del Fondo será suscrito y pagado por el Fisco y la CORFO. En el caso del Fisco, el capital se aportará con bienes fiscales y nacionales de uso público bajo fórmulas jurídicas que permitan radicar su administración en el Fondo. Este capital se irá constituyendo en el tiempo conforme se hagan los traspasos correspondientes y su valor final dependerá del conjunto de bienes que se traspase. 

• El Fisco será representado en la junta de accionistas por los Ministros de Hacienda y Obras Públicas. 

• Para asegurar  por la coherencia de las decisiones de inversión del Fondo con la política de Estado en materia de infraestructura, esta empresa deberá someter a aprobación por parte de la junta de accionistas un plan de negocios quinquenal. Este plan contendrá un detalle de los proyectos de inversión que llevará a cabo y financiará el Fondo y establecerá el mecanismo mediante el cual serán concesionados.

• El Fondo tendrá un gobierno corporativo independiente que velará por la solvencia de la empresa. En su diseño, se han considerado las principales recomendaciones de instituciones internacionales tales como la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en relación al fortalecimiento de la gobernanza en la inversión en infraestructura. De este modo, en su funcionamiento el Fondo compatibiliza el principio de responsabilidad fiscal y de adecuada gobernanza en el desarrollo de infraestructura. También respeta los principios de igualdad ante la ley y de neutralidad competitiva.

• La administración del Fondo la ejercerá un Directorio que estará compuesto por cinco miembros, que durarán cuatro años en sus cargos y que podrán ser designados por nuevos periodos. El Directorio se renovará por parcialidades.

• Los directores serán nombrados por el Presidente de la República: dos de ellos a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y los tres restantes a partir de ternas propuestas para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública. No podrán ser propuestos ministros, subsecretarios, jefes de servicio, parlamentarios; dirigentes políticos, sindicales o gremiales;  alcaldes ni candidatos a cargos de elección popular, entre otros. 

• Los tres directores seleccionados por el sistema ADP tendrán la calidad de independientes, entendiendo por tales a aquellos que no mantengan vínculos con el Fondo o las empresas involucradas de modo de evitar un potencial conflicto de interés. Todo ello con miras a garantizar que la administración esté sujeta a un nivel de independencia en la toma de sus decisiones compatible con el estándar que se les exige a las sociedades anónimas abiertas. 

• El Fondo de Infraestructura se regirá por las normas de las sociedades anónimas abiertas, y quedará sometido a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Contraloría General de la República. En consecuencia, el Fondo deberá ser una empresa solvente y con rentabilidad privada positiva.