Ministro Valdés participó en firma de proyectos sobre directivos públicos, mercado financiero y planificación territorial

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, participó esta mañana en la firma de tres proyectos de ley correspondientes a la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política, en una ceremonia encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda. El secretario de Estado sostuvo que las tres iniciativas forman “parte de este esfuerzo de volver a construir más confianza”. 

En primer lugar, el jefe de las finanzas públicas se refirió al proyecto que realiza un avance sustantivo a la forma en que el Estado selecciona y nombra a quienes ejercen funciones de liderazgo en los servicios públicos. Al respecto, destacó que se termina con la figura del directivo Provisional y Transitorio (PT) para los gobiernos en general, para que solo existan autoridades titulares o subrogantes legales cuando alguien deja su cargo  y mientras no concluyan los concursos por la vía del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). El ministro añadió que habrá una excepción y que es que al comienzo de una administración existirá un número de directivos que el nuevo gobierno puede designar entre quienes cumplan con los requisitos establecidos por el sistema ADP.

En segundo lugar, Rodrigo Valdés comentó que “hemos firmado un proyecto que mejora algunas regulaciones del mercado financiero, haciéndose cargo de evitar varios de los problemas que hemos tenido en los últimos años en el sistema. Esto les da más responsabilidad a los distintos participantes del mercado, dentro de una empresa, a los auditores; junto con más facultades a la Superintendencia de Valores y Seguros”.

El titular de Hacienda también se refirió al tercer proyecto, suscrito junto a la titular de Vivienda Paulina Saball, que promueve mayor transparencia y participación en la planificación territorial.  Sobre el tema, explicó que un primer elemento del texto apunta a incorporar nuevas reglas para que los procesos de cambio en el uso de suelo se realicen de forma “más transparente y participativa, de manera de limitar al máximo las posibilidades de gente que tenga más información que otra”. Agregó que también se establece “una manera para que el Estado tenga una participación pequeña en el caso específico de cambios de valor muy altos que se producen cuando se abre el tamaño de la ciudad”. Explicó que se trata de trata de casos muy específicos en los cuales “la acción del Estado cambia el valor de terrenos y una parte moderada de ese aumento va a ser compartido con la sociedad completa”.

El ministro Valdés agregó que “cuando hay posibilidades de hacer grandes negocios, la clave está en que todos tengamos la misma información, las mismas oportunidades, de manera que todos tengan acceso. Lo que se hace en este proyecto de ley es justamente establecer mecanismos en que la información fluye de manera que se minimicen casos de que alguien tenga más información que otro”.

En otro tema, consultado si en el debate de la en el caso de la Agenda Laboral el Ejecutivo repondrá la prohibición de huelga en empresas estratégicas, el jefe de las finanzas públicas aseguró que “queda todo un proceso completo en el Senado y ahí habrá indicaciones, una discusión y más diálogo. Esto es un proceso, no es una cosa que se termine en una vuelta en el Congreso. Los senadores tendrán mucho que aportar, habrá discusión y por lo tanto, dentro de ese proceso insistiremos en eso”.

Contenido de los proyectos

Proyecto de Ley que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalecimiento de la Dirección del Servicio Civil

-Se dota de nuevas atribuciones y funciones a la Dirección Nacional de Servicio Civil, que podrá impartir directrices en materia de gestión de recursos humanos a los servicios dependientes de los ministerios y asesorar al gobierno en esta materia.

-Se deberá asegurar la rendición de cuentas sobre el funcionamiento del sistema y el estado de cumplimiento de los convenios de desempeño de los altos directivos públicos.

-Se amplían los servicios y cargos que son parte del sistema ADP, para llegar a más de 1.000 cargos y 120 servicios públicos, que corresponden aproximadamente al 88% del total de servicios dependientes de los ministerios. Se propone incorporar al Sistema de Alta Dirección Pública, la Dirección Nacional del Servicio Civil, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Servicio Nacional de Menores y el Instituto Nacional de la Juventud, entre otros.

-Se propone eliminar la figura de los directivos provisionales y transitorios. En caso de vacancia del cargo, sus funciones serán ejercidas por el subrogante legal, mientras se desarrolla el concurso de nombramiento.

-Para transparentar el hecho que los gobiernos necesitan contar con directivos de confianza para echar a andar sus compromisos de gobierno, el proyecto otorga la facultad a  los futuros Presidentes de la República para nombrar, durante los primeros tres meses de gobierno, hasta 15 cargos del primer nivel jerárquico.  Cada uno de esos cargos deberá llenarse por quienes cumplan con los requisitos necesarios, estipulados por el Sistema de Alta Dirección Pública, y podrán durar lo que dure el período de gobierno.

-Con el fin de asegurar que la salida de estos directivos dependa principalmente de su capacidad de gestión, el proyecto propone fortalecer los convenios de desempeño. Para ello se reducen los tiempos para su suscripción, se estipula su publicación en los sitios web institucionales y que se considere el cumplimiento de las metas establecidas en estos instrumentos al evaluarse la renovación o remoción de un alto directivo público.

-Se entregan nuevas facultades al Consejo de Alta Dirección Pública, para que asuma plenamente el rol de rectoría del sistema.

Proyecto que modifica la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas.

- Se apunta a contar con un marco regulatorio más eficaz al sancionar conductas abusivas, reforzar el rol de la Superintendencia de Valores y Seguros y proteger a los accionistas minoritarios.

-Se propone penalizar la entrega de información maliciosamente falsa por parte de los directores, administradores, gerentes y ejecutivos principales de un emisor de valores de oferta pública al directorio, o a los órganos de administración de las entidades que ellos administran o a quienes realicen la auditoria externa o clasificación de riesgo. Este castigo supone incluso penas de cárcel.

-Se precisan las responsabilidades de las empresas de auditoría externa y establecer sanciones cuando dictaminen falsamente sobre la situación financiera de una entidad sujeta a fiscalización de  la Superintendencia de Valores y Seguros.

-Se hace obligatoria la declaración de conflictos de interés para quienes difundan públicamente recomendaciones de inversión. Será la Superintendencia de Valores y Seguros la que velará por el cumplimiento de esta obligación.

-Se propone una medida para resguardar adecuadamente los intereses de los accionistas minoritarios de las sociedades anónimas. El mecanismo de OPA -Ofertas Públicas de Adquisición- se hizo cargo de algunas prácticas abusivas, pero ahora los accionistas disidentes ante una transacción con partes relacionadas tendrán derecho a retiro. Además, se mejoran los estándares de entrega de información respecto de esas operaciones.

Proyecto que aumenta la transparencia frente al incremento de valor por ampliación del límite urbano

- Se busca aumentar la participación ciudadana en los procesos de cambio en la planificación urbana, mejorar la equidad del impuesto territorial y que el Estado, en beneficio de toda la ciudadanía, obtenga una mayor parte del incremento de valor asociado a la ampliación del límite urbano.

-Paralelamente, se busca potenciar el funcionamiento del mercado del suelo con mayor transparencia y participación. Se genera una instancia temprana  de participación, para que las personas se enteren de los cambios en los Planes Reguladores antes de que el proyecto esté elaborado. Además, todos los antecedentes de los instrumentos de planificación territorial deberán estar disponibles en los sitios web del municipio o Seremi de Vivienda, en forma clara y didáctica.

-En cuanto a cambios en planes reguladores que amplían el límite urbano, se busca mejorar la eficiencia, oportunidad y justicia en que son recogidos por el impuesto territorial.

-También modifica la normativa sobre sitios eriazos que perjudican la ciudad.

-Se introduce un nuevo impuesto que gravará los aumentos de precio de los bienes raíces asociados a ampliaciones del límite urbano. Este impuesto no apunta a la generalidad del mercado, sino que será aplicable a transacciones de alto valor y donde se produzca un importante incremento de precios derivado del cambio del límite urbano.